En una decisión clave para proteger el bolsillo de los sectores más vulnerables, el Ente Regulador de Servicios Públicos (Enresp) dispuso que Edesa no podrá exigir el depósito en garantía —previsto en el artículo 5º del Régimen del servicio eléctrico— a jubilados, pensionados y beneficiarios de subsidios provinciales que necesiten cambiar la titularidad del servicio para cobrar el Bono Eléctrico de $150.000.
La medida, oficializada mediante una resolución del directorio encabezado por Carlos Saravia, responde a las trabas económicas que enfrentaban los adultos mayores. Para cobrar la asistencia anunciada por el Gobierno provincial a mediados de julio, muchos usuarios debían regularizar su titularidad como no propietarios, encontrándose con exigencias de pago por parte de la empresa distribuidora.
La resolución del organismo de control llegó tras una fuerte intimación interpuesta por la asociación civil Protectora. La entidad de defensa del consumidor, patrocinada por el abogado Daniel Paganetti, había denunciado la presencia de un “costo administrativo” cobrado por Edesa de entre $15.000 y $50.000 por el trámite de actualización de datos, calificándolo de “improcedente, abusivo y confiscatorio”.
Con esta intervención, el Enresp dejó en claro que la potestad de cobro de un depósito no puede convertirse en una barrera que impida el acceso a un beneficio social básico y garantizó la gratuidad del trámite para los usuarios en condición de vulnerabilidad.
